El próximo 5 de marzo de 2025, México presentará sus argumentos ante la Suprema Corte de Estados Unidos para que proceda la demanda contra fabricantes de armas estadounidenses. Esta acción legal acusa a las empresas de prácticas negligentes que facilitan el tráfico ilegal de armamento hacia México, alimentando la violencia del crimen organizado.
La demanda, interpuesta en 2021 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, busca que compañías como Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett respondan por su presunta complicidad en la violencia generada en México, reclamando 10 mil millones de dólares en daños.
En 2022, un juez de Massachusetts desestimó el caso, amparándose en la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que exime a los fabricantes de responsabilidad por el uso indebido de sus productos. Sin embargo, en enero de 2024, un tribunal de apelaciones revirtió el fallo, permitiendo que la demanda siga adelante.
Los fabricantes pidieron a la Suprema Corte que desestime el caso, argumentando que la producción y venta de armas no puede considerarse como “ayudar e instigar” a traficantes, y que la conexión entre sus operaciones y la violencia en México no es directa.
El gobierno mexicano sostiene que entre 200 mil y 750 mil armas fabricadas en Estados Unidos ingresan ilegalmente a México cada año. Afirma que las empresas conocen este tráfico ilícito y los daños que genera en la sociedad mexicana, lo que las hace responsables por permitir que sus productos terminen en manos de criminales.
Fuente: La Jornada
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