La Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal ha abierto la discusión sobre la necesidad de aumentar la recaudación, eficientar el gasto, reducir la pobreza y fomentar un crecimiento incluyente en México. Con el inminente recorte al gasto público en 2025, la futura presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el desafío de manejar las finanzas públicas en un contexto de histórica reducción del déficit fiscal.
El gobierno federal se ha planteado la meta de reducir el déficit fiscal del 5% al 2.5% del PIB el próximo año, lo cual debe realizarse sin la implementación de una reforma fiscal. Este objetivo implica un recorte al gasto neto por más de 834,000 millones de pesos en 2025, un ajuste significativo que afectará diversos sectores de la economía.
Los sectores más vulnerables a este recorte incluyen programas sociales, infraestructura, educación y salud, áreas que tradicionalmente reciben gran parte del gasto público. La preocupación principal radica en cómo gestionar estos recortes sin perjudicar a los sectores más necesitados y mantener al mismo tiempo el compromiso con la reducción de la pobreza y el crecimiento económico inclusivo.
Una de las soluciones planteadas por la Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal es la eliminación de exenciones y desgravaciones fiscales. Este enfoque permitiría al gobierno aumentar la recaudación sin necesidad de implementar nuevas reformas fiscales. Las exenciones y desgravaciones han sido criticadas por beneficiar desproporcionadamente a sectores específicos y a individuos de altos ingresos, mientras que limitan la capacidad del gobierno para generar ingresos esenciales para la inversión en servicios públicos.
Claudia Sheinbaum podría revertir el impacto de los recortes al gasto público adoptando una política fiscal más equitativa. La eliminación de exenciones y desgravaciones no solo aumentaría la recaudación, sino que también contribuiría a una distribución más justa de la carga fiscal, permitiendo que los recursos se utilicen de manera más eficiente y equitativa.
Para implementar esta estrategia, el gobierno deberá realizar un análisis detallado de las exenciones y desgravaciones actuales, identificando aquellas que tienen un menor impacto social y económico. Además, será crucial establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para asegurar que los recursos adicionales se destinen a áreas prioritarias como la educación, salud e infraestructura.
En resumen, la eliminación de exenciones y desgravaciones fiscales representa una posible salida para Claudia Sheinbaum y su equipo en 2025, permitiendo enfrentar el desafío de la reducción del déficit fiscal mientras se mantiene el compromiso con la justicia social y el crecimiento inclusivo. La gestión eficiente y equitativa de los recursos fiscales será clave para asegurar el éxito de esta estrategia y para construir un México más justo y próspero.
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