El gobierno federal confirmó este lunes que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, aconteció pese a que contaba con un dispositivo de seguridad conformado por escoltas de la Guardia Nacional y personal de confianza de su propio equipo.
Según lo expuesto en conferencia de prensa, Manzo Rodríguez tenía asignados seis elementos de la Guardia Nacional desde el 10 de diciembre del año anterior, además de otro vehículo, y en mayo se reforzó la protección con ocho efectivos adicionales.
La seguridad inmediata la proporcionaba personal de la policía municipal “de su confianza”, mientras los elementos de la Guardia Nacional se encargaban de la seguridad periférica.
Durante los últimos meses —de mayo a agosto— se realizó un refuerzo en la región con 550 efectivos adicionales como parte de la estrategia de seguridad en Uruapan.
Las autoridades reportaron que este dispositivo logró incautar 137 kg de droga, 56 armas, 3 297 cartuchos y 197 vehículos.
Respecto al crimen, se indicó que el presunto agresor fue abatido en el lugar, mientras que dos personas que se encontraban detenidas eran consideradas únicamente como testigos, uno de ellos el regidor de Desarrollo y Obras de Uruapan, Víctor Hugo de la Cruz.
En poder de los agentes se aseguró un arma calibre 9 mm, vinculada previamente a dos ataques entre grupos delictivos en la zona.
Las autoridades federales manifestaron su “indignación” por el hecho y afirmaron que no habrá impunidad: se intensificarán los esfuerzos coordinados para la detención de los responsables y el fortalecimiento de la seguridad en la región.
Fuente: La Jornada