Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a otros siete imputados por su presunta participación en una red dedicada al huachicol ferroviario, así como por los delitos de delincuencia organizada, contrabando y operaciones relacionadas con hidrocarburos. La resolución fue emitida tras una audiencia que se prolongó por más de 30 horas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los acusados habrían integrado una estructura que introducía combustible de manera ilegal desde Estados Unidos a México mediante ferrotanques, utilizando documentación falsa para declarar que los vagones viajaban semivacíos cuando, en realidad, transportaban hidrocarburos. La investigación se desprende del aseguramiento de millones de litros de combustible en Coahuila y de un presunto esquema de evasión fiscal por miles de millones de pesos.
Como parte de las medidas cautelares, la jueza determinó que seis de los imputados permanezcan en prisión preventiva en el penal federal del Altiplano, al considerar que existe riesgo de fuga y elementos suficientes para continuar el proceso penal. Otros acusados enfrentarán el procedimiento bajo distintas medidas cautelares, mientras que uno permanece prófugo de la justicia.
La FGR sostiene que la red operaba a través de diversas empresas vinculadas al despacho aduanal Ingemar, del que Ruffo ha reconocido ser accionista minoritario. La fiscalía asegura que el grupo habría utilizado compañías fachada y registros aduanales irregulares para introducir combustible sin cubrir las contribuciones correspondientes.
Por su parte, la defensa del exmandatario ha rechazado las acusaciones y sostiene que Ruffo Appel únicamente participaba en actividades relacionadas con trámites aduanales, por lo que niega haber intervenido en operaciones de contrabando o delincuencia organizada. El proceso judicial continuará con la etapa de investigación complementaria, en la que el Ministerio Público buscará fortalecer las pruebas para llevar el caso a juicio.