Foto de El Occidental
Este martes, Marcela Guerra, vicepresidenta de la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución. El objetivo de la modificación a la Ley es incluir el cierre de vías terrestres entre los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Según la diputada, esta propuesta atienda al fenómeno de que en los últimos meses estos cierres arbitrarios de vías de comunicación se han popularizado.
La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra presentó una iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional. Esto, con el propósito de incluir el cierre de vías de comunicación terrestres entre los ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Según expuso la diputada, en los últimos meses se han presentado este tipo de cierres por parte de contingentes y grupos de delincuencia organizada.
“Estos actos no solo ponen en riesgo la movilidad y la seguridad de las personas, sino también representan pérdidas económicas millonarias para el comercio mexicano. Tanto para grandes empresas, como pequeños y medianos comerciantes. Así como para quienes deben esperar por horas la liberación de las vías incomunicadas”, sostuvo la diputada Guerra.
De acuerdo con reportes de concesionarias de autopistas, así como de la Capufe la pérdida monetaria por este ilícito es de 7 mil millones de pesos en los últimos dos años. Caminos y Puentes Federales informaron que en promedio se perdieron 2 mil millones de pesos al año por este tipo de interrupciones en las cadenas de suministro.
“La situación es grave y las acciones realizadas por el gobierno federal y los gobiernos locales no son suficientes. Por lo que es necesario buscar mecanismos que permitan salvaguardar las vías de comunicación terrestre y el flujo de mercancías. Esto, para evitar seguir golpeando a empresas y comerciantes, pequeños y medianos, que experimentan grandes pérdidas por estas acciones”, puntualizó la diputada.
Finalmente, Guerra explicó que incluir el bloqueo de vías terrestres de comunicación entre los delitos que ameritan prisión preventiva, podría desincentivar este tipo de acciones. Sobre todo entre colectivos o grupos criminales que ejecuten este tipo de acciones que atenta contra las cadenas de suministro. La propuesta se prevé tanto para el ámbito municipal como estatal.
Con información de Milenio Diario.
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