La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevos detalles sobre la operación de la organización criminal conocida como “Del Caballito”, una red presuntamente dedicada al lavado de dinero y a la emisión de facturas falsas que habría movilizado más de 12 mil millones de pesos a través de un complejo esquema de empresas fachada y asociaciones civiles.
De acuerdo con la información presentada por el vocero de la institución, Ulises Lara, las investigaciones permitieron identificar una estructura conformada por al menos 15 empresas y asociaciones civiles con domicilios fiscales en estados como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Estas entidades eran utilizadas para simular operaciones comerciales, emitir comprobantes fiscales apócrifos y ocultar el origen de recursos financieros.
La FGR explicó que el grupo ofrecía a empresas reales mecanismos de evasión fiscal mediante la generación de facturas por operaciones inexistentes. Posteriormente, los recursos eran redistribuidos a través de compañías fachada, permitiendo reducir artificialmente la carga tributaria y dificultar el rastreo del dinero por parte de las autoridades.
El desmantelamiento de la red se logró tras un operativo coordinado entre la FGR, la Agencia de Investigación Criminal, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). En las acciones participaron alrededor de 440 elementos federales que ejecutaron cateos simultáneos en 30 inmuebles ubicados en nueve estados del país.
Como resultado de los operativos fueron detenidas ocho personas, entre ellas Michael “N” y Salvador “N”, identificados como presuntos líderes de la organización. Además, se aseguraron inmuebles, vehículos, motocicletas y diversas cantidades de dinero en moneda nacional y extranjera.
Las autoridades federales continúan con las investigaciones para determinar el alcance total de las operaciones financieras atribuidas a “Del Caballito” y establecer las responsabilidades penales correspondientes. De confirmarse los delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y facturación falsa, los implicados podrían enfrentar penas de prisión y otras sanciones contempladas en la legislación mexicana.
Fuente: Sin Línea
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