Gobernación va por la igualdad y no discriminación

La Secretaría de Gobernación, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, así como del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), lideraron la primera reunión que da inicio a la implementación del Programa Nacional para la Igualdad y No Discriminación (Pronaind) 2021-2024.

Desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración se señaló la importancia de eliminar la discriminación, porque es una obligación ética, legal y política para el avance de la igualdad y también contribuye a resolver otros problemas públicos como la marginación, pobreza, exclusión social y debilitación del tejido social.

También se hizo un llamado a las personas que fungen como enlaces Pronaind de 53 organismos federales a brindar una atención sistemática y prioritaria a la implementación del programa para que todas las personas ejerzan plenamente todos sus derechos.

Desde la subsecretaría se puntualizó que las metas del Pronaind no solo coinciden con algunas contempladas en los programas sectoriales y especiales derivados del Plan Nacional de Desarrollo (PND), sino que, de hecho, son una condición necesaria y urgente para su cumplimiento.

En este sentido, se reiteró que el Estado es el principal responsable en la prevención y combate contra la discriminación y la desigualdad.

El problema de la discriminación estructural

Desde el Conapred se resaltó la necesaria coordinación interinstitucional para la implementación del programa, dada la compleja naturaleza del problema de la discriminación estructural, así como por el carácter transversal de las obligaciones del Estado para combatirlo.

El Pronaind, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en diciembre pasado, es un programa federal obligatorio para toda la Administración Pública Federal (APF). Está dirigido a contrarrestar las prácticas discriminatorias que obstaculizan el ejercicio de derechos en ámbitos como la salud, educación, trabajo, seguridad social, y seguridad y justicia, ámbitos en los que existen grandes brechas de desigualdad y exclusión social.

El programa contempla 29 estrategias y 69 acciones puntuales para ser implementadas entre las distintas instituciones públicas con la participación del sector privado y la sociedad civil.