En un giro estratégico para desmantelar las redes delictivas desde su infraestructura, el estado de Hidalgo se ha consolidado como un referente en el uso de la extinción de dominio. Esta herramienta legal no solo busca encarcelar a los operadores, sino asfixiar la logística del narcomenudeo al arrebatarles las propiedades que funcionan como centros de distribución o “tienditas”.
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ha intensificado estas acciones, entendiendo que golpear el patrimonio es la forma más efectiva de neutralizar la reincidencia. Al confiscar los inmuebles, las autoridades logran tres objetivos críticos:
Este modelo, aplicado con rigor en territorio hidalguense, marca una pauta clara: el combate al crimen ya no es solo una persecución de personas, sino una guerra contra el capital ilícito. Al quitarles el “techo”, el Estado no solo desarticula una célula, sino que impide que el mismo sitio vuelva a ser utilizado para envenenar a la comunidad.
Esta medida representa un paso firme hacia la pacificación, demostrando que, sin recursos ni infraestructura, la operación criminal se vuelve insostenible.
Fuente: Milenio
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