El Instituto Nacional Electoral (INE) hizo efectiva una multa de 97 millones 916 mil 665 pesos contra el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI por la recepción ilegal de recursos públicos provenientes de la llamada “nómina secreta” del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez. La sanción fue cubierta mediante descuentos al financiamiento público ordinario del partido, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la resolución.
La investigación de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE determinó que, durante 2015, recursos del erario de Chihuahua fueron desviados para beneficiar al PRI mediante un esquema en el que la Secretaría de Hacienda estatal emitía cheques que eran cobrados por una empresa de traslado de valores. Posteriormente, el dinero en efectivo regresaba a la tesorería estatal para ser distribuido conforme a instrucciones del entonces gobernador César Duarte.
De acuerdo con el expediente, 39.1 millones de pesos fueron entregados al entonces secretario de Finanzas del PRI en Chihuahua, Pedro Mauli Romero Chávez, bajo el concepto de “apoyos extraordinarios”. La autoridad electoral concluyó que el partido recibió aportaciones prohibidas por la legislación, por lo que impuso la sanción económica.
El caso forma parte de las investigaciones derivadas de la denominada “Operación Justicia para Chihuahua”, impulsada tras el cambio de gobierno en esa entidad. La resolución del TEPJF, emitida en 2023, confirmó que la multa era proporcional y debía mantenerse como una medida disuasoria frente al uso indebido de recursos públicos para financiar actividades partidistas.
Las investigaciones también documentaron una red de beneficiarios integrada por políticos, empresarios, comunicadores y otros actores públicos. Según los expedientes ministeriales, al menos 11 personas aceptaron haber recibido recursos del erario, devolvieron parte del dinero y colaboraron con las autoridades mediante criterios de oportunidad.
Con la aplicación definitiva de la multa, el INE dio por cumplida una de las sanciones más altas impuestas a un partido político por el uso ilegal de recursos públicos en México, en un caso que continúa siendo uno de los principales referentes de corrupción político-electoral en el estado de Chihuahua.