En un fallo decisivo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó, por unanimidad, las controversias constitucionales interpuestas por el gobierno de Chihuahua y el Congreso de Guanajuato contra la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Los ministros determinaron que las entidades actoras carecen de “legitimación activa” para impugnar esta reforma. El argumento central de la Corte es que la desaparición de estos fondos no afecta las facultades ni el ámbito de competencias de los estados o sus legislaturas, ya que se trata de una modificación a la Ley Orgánica del PJF que regula recursos de carácter federal.
La reforma, impulsada originalmente por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso de la Unión, busca recuperar cerca de 15 mil millones de pesos. Según la administración federal, estos recursos representan “privilegios innecesarios” de la alta burocracia judicial y deben ser reintegrados a la Tesorería de la Federación para destinarse a programas sociales y proyectos de infraestructura.
Con este revés jurídico para la oposición, se elimina un obstáculo importante en la batalla legal por el control de estos fondos. Aunque aún persisten otros recursos legales, la decisión de la Segunda Sala marca un precedente fundamental a favor de la validez de la extinción de dichos instrumentos financieros.
Fuente: Polemón
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