Seguridad

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga deslumbraron a la élite… con oropel

La pareja compuesta por la conductora Inés Gómez Mont y el abogado Víctor Manuel Álvarez Puga fue acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) en 2021 de delincuencia organizada y de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos, mediante empresas factureras.

De acuerdo con la investigación, ambos figuraban en los círculos de alta sociedad y mantuvieron un estilo de vida ostentoso. Álvarez Puga, hasta su detención por motivos migratorios en Estados Unidos, era dueño de uno de los despachos jurídicos más grandes del país.

Gómez Mont, por su parte, adquirió bienes inmuebles en la Florida (uno que perteneció anteriormente a la cantante Cher y otro vecino de la residencia de Donald Trump) mientras vivían en el extranjero.

 

El despacho Álvarez Puga & Asociados, fundado en 2000, creció rápidamente hasta tener en 2010 una cartera de 700 clientes a nivel nacional, pero fue objeto de una investigación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por defraudación fiscal y lavado de dinero, al detectar esquemas de sustitución laboral y outsourcing para evadir impuestos y seguridad social.

En 2016, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) desestimó el caso.

En 2018 la conductora solicitó al Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias para llegar a un arreglo con el SAT por adeudos fiscales. Sin embargo, en enero de 2019 se determinó que el pago acordado no cubría el daño a la Hacienda pública y se solicitó iniciar acción penal en su contra.

Gómez Mont respondió en marzo de 2020 que “pagó en cuanto se le notificó” y negó haber actuado con dolo.

En 2021 se les imputó también el uso de empresas fantasma que permitían la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero. Un documento del proceso civil en Florida reveló que en 2022 enfrentaban una demanda por un crédito hipotecario de más de 4 millones de dólares que habían adquirido en 2021, poniendo en garantía inmuebles valorados en 11.3 millones de dólares.

Fuente: Sin Embargo

Redacción

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