El Senador Ricardo Monreal ha señalado que el 2023 será un año con mucha efervescencia político – electoral. Esto, por la sucesión presidencial que ya se encuentra adelantada y por las elecciones estatales del Estado de México y Coahuila.
El líder de la bancada de Morena, señaló que está en juego el cumplimiento de la Constitución, en especial, en materia de propaganda gubernamental.
Agregó que la reforma más reciente deja abierta la puerta la participación de personas servidoras públicas en actos electorales, utilizando el argumento de la libertad de expresión.
A través de su página oficial, Ricardo Monreal ha señalado:
La reforma se advierte que la nueva definición de propaganda gubernamental permite la libre promoción personalizada de las y los servidores públicos, independientemente de que haya o no campañas electorales en curso, es decir, promoverse en todo momento, ejerciendo su libre expresión.
Así mismo, enfatizó que contradice al artículo 41 de la constitución, donde se habla de la difusión de toda propaganda gubernamental en los medios de comunicación social, tanto de los poderes federales como de las entidades federativas.
Ricardo Monreal mencionó que esto implica que toda persona que se desempeñe como gobernador, legislador, presidente municipal o incluso el propio presidente pueden promover su imagen por encima de los intereses públicos.
Además, afirma que “la reforma agrega dos supuestos de excepción que no constituyen propaganda gubernamental: el primero se refiere a las manifestaciones que realicen las personas servidoras públicas en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones; el segundo, que la información de interés general, mientras sea gratuita, es permitida”.
Monreal hace hincapié en que la constitución prohíbe propaganda personalizada de cualquier servidor público; solamente existirá la comunicación social con fin informativo.
Ante esto, el TEPJF ya se pronunció al respecto, advirtiendo que la “restricción para realizar propaganda gubernamental personalizada tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir en las preferencias electorales de las y los votantes, protegiendo el interés general y el libre ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, sin que pueda ser coaccionada o nocivamente influenciada en el desarrollo equitativo de la contienda electoral.
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Por último, el precandidato presidencial por Morena señaló que esto es preocupante y riesgoso pues cualquier acción de los servidores públicos podría incitar al voto ciudadano.
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