Este lunes el Senado de la República avanzó con la aprobación de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia. Por unanimidad de 106 votos los legisladores desparecieron la obligación de las legislaturas locales de acatar los desafueros que consigne la Cámara de Diputados. Lo anterior, con el fin de que estos procesos no sean objeto de propósitos políticos y crisis política.
Con esta rectificación se mantiene la protección de los mandatarios estatales cuando sean sometidos a juicio de desafuero. Tal fue el caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Así lo determinaron los senadores de la República con las adecuaciones propuestas a la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
Con la emisión de esta Ley se pretende eliminar los privilegios de los servidores públicos y combatir la corrupción e impunidad. El Senado estableció en ella que el presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por las faltas que cometa. Del mismo modo, serán sujetos de juicio político los legisladores federales y ministros de la Suprema Corte de Justicia.
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