La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó esta mañana que el impuesto propuesto para bebidas azucaradas en 2026 no será cancelado, pues su objetivo principal es reducir el consumo de refrescos y proteger la salud de la población. Afirmó que el exceso en el consumo de estas bebidas tiene efectos comprobados en enfermedades como diabetes e hipertensión.
Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria descartó que el gravamen vaya a afectar negativamente a las empresas, como han advertido algunos sectores del ámbito privado, quienes señalan que podría impulsar la informalidad comercial. En ese sentido, Sheinbaum sostuvo que las autoridades dialogan con la industria para promover opciones más saludables y garantizar que el impacto económico sea manejable.
Para sustentar su propuesta, la presidenta citó una encuesta reciente de septiembre de 2025, realizada por Enkoll, donde se incluye que del 86 % de personas que consumen refresco, 54 % estaba de acuerdo con aplicar un impuesto más alto, y 49 % manifestó que dejaría de comprarlos si el costo se incrementa.
Sheinbaum ejemplificó que el aumento sería de aproximadamente un peso por lata, lo que implicaría un ahorro potencial de 30 pesos mensuales si alguien dejara de consumir diariamente. Reconoció que no se trata de eliminar por completo el consumo, pero espera que se reduzca de forma significativa —por ejemplo, de una lata diaria a unas cuantas por semana—, y aseguró que los recursos recaudados se destinarán directamente a la atención de enfermedades relacionadas con el sobreconsumo de azúcares.
Los representantes empresariales han manifestado su preocupación ante el incremento proyectado en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para refrescos, cigarrillos y otros productos en el Paquete Económico 2026. Alegan que podría generar pérdidas de empleo, cierre de comercios pequeños o aumentar la informalidad. La presidenta respondió que esas advertencias “no tienen sustento” y reafirmó que el impuesto es una medida con fines de salud pública más que recaudatorios.
La discusión sobre el impuesto a bebidas azucaradas vuelve al centro del debate entre salud pública, economía y responsabilidad social, mientras el gobierno busca equilibrar la protección sanitaria con los posibles efectos económicos para productores y consumidores.
Fuente: Sin Embargo
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