La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que las indagatorias que lleva a cabo su gobierno en torno a 13 casinos en los que se detectaron posibles operaciones vinculadas con lavado de dinero “tienen sustento legal y pruebas”, y que ninguna de ellas responde a motivaciones políticas.
Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, la mandataria explicó que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad nacional orientada a dar seguimiento a recursos presuntamente vinculados con la delincuencia organizada o con esquemas de lavado de dinero.
Al referirse a que dos de los casinos señalados pertenecerían al Grupo Salinas, Sheinbaum respondió que “la autoridad no puede pronunciarse directamente sobre las empresas involucradas”, pues las investigaciones aún están en curso. No obstante, insistió en que todas las indagaciones cuentan con respaldo jurídico riguroso y evidencias sólidas.
La mandataria agregó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado múltiples esquemas de lavado de dinero y que las inspecciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a empresas como TV Azteca, también parte del grupo empresarial, son revisiones rutinarias para garantizar derechos laborales y no un acto selectivo.
Por su parte, la Grisel Galeano García, procuradora fiscal de la Federación, explicó que los casinos y plataformas suspendidos operaban mediante identidades robadas o personas prestanombres (jóvenes, amas de casa o personas jubiladas) para mover grandes cantidades de dinero, registrarlas como apuestas y luego transferirlos al extranjero para su blanqueo en paraísos fiscales.
Finalmente, Sheinbaum calificó como “indignantes” los comentarios del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien llamó “parásitos” a los beneficiarios de los programas sociales. Afirmó que ese tipo de afirmaciones reflejan una visión contraria a los principios de justicia social que impulsa su administración. En ese contexto, recordó que compañías del Grupo Salinas han participado en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y señaló que si realmente consideraran que esos programas no benefician al país, “no tendría sentido formar parte de ellos”. Con ello enfatizó que las investigaciones responden al cumplimiento de la ley y al estado de derecho: “Todos debemos cumplir con la ley, la autoridad en primer lugar, y también las empresas”.
Fuente: La Jornada
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