El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó la responsabilidad de 25 funcionarios públicos que utilizaron programas sociales para hacer proselitismo a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La decisión se deriva de una denuncia del Partido de la Revolución Democrática (PRD). De acuerdo con dicho partido, los “servidores de la nación” y otros funcionarios de la Secretaría del Bienestar quebrantaron el principio de imparcialidad con el uso indebido de recursos públicos.
Esto, por entregar las tarjetas bancarias a los beneficiarios del “Censo para el bienestar” portando un chaleco con el nombre del Ejecutivo Federal. Los funcionaros también aseguraron que el presidente giró personalmente las instrucciones para otorgar los apoyos.
De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución Política, los involucrados violentaron la prohibición de utilizar la propaganda gubernamental y los recursos públicos para posicionar el nombre e imagen de otro servidor público.
Al respecto, el PRD presentó un recurso de revisión ante la Sala Superior del TEPJF. En el documento, el partido solicitó sanciones para el Presidente de la República y otros involucrados. Sin embargo, la Sala Especializada los excusó porque en el lugar donde cometieron el ilícito no había un proceso electoral en curso.
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