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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un proyecto que permitiría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) continuar con la revisión de información financiera del empresario Ricardo Salinas Pliego. El proyecto, elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, propone desechar el amparo...
abril 1, 2026
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se prepara para discutir un proyecto que permitiría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) continuar con la revisión de información financiera del empresario Ricardo Salinas Pliego.
El proyecto, elaborado por el ministro Giovanni Figueroa Mejía, propone desechar el amparo que había frenado el acceso a dichos datos, bajo el argumento de que no existe una afectación directa e inmediata al empresario, ya que se trata únicamente de un requerimiento inicial de información entre autoridades.
De aprobarse en la sesión programada para el 9 de abril, la UIF podría analizar movimientos bancarios de hasta 10 años, información solicitada originalmente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde 2021, tras la aparición del nombre del empresario en la filtración internacional conocida como Pandora Papers.
El proyecto plantea no entrar al fondo del asunto —es decir, no resolver sobre la constitucionalidad de las leyes que permiten el acceso a información financiera—, lo que implicaría que dichas normas permanezcan vigentes y sigan siendo utilizadas por las autoridades para la prevención de delitos como el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
El amparo en cuestión había sido concedido en 2022 por un juez federal, decisión que fue impugnada por el gobierno federal. Ahora, la Corte podría revertir ese freno sin pronunciarse directamente sobre la legalidad de las facultades de la UIF.
De acuerdo con el proyecto, la solicitud de información no implica sanciones ni bloqueo de cuentas, por lo que no genera por sí misma una afectación jurídica al empresario.
El caso forma parte de un litigio más amplio sobre los alcances del Estado para acceder a información financiera de particulares en investigaciones relacionadas con posibles delitos económicos.
Fuente: La Jornada
