La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) señaló que los Estados deben supervisar y regular a las empresas que fabrican y comercializan armas, con el fin de prevenir el tráfico ilícito y las violaciones a los derechos humanos derivadas de su uso.
El pronunciamiento forma parte de la Opinión Consultiva 30 de 2025, emitida tras una consulta presentada por el gobierno de México en noviembre de 2022, en la que solicitó al tribunal fijar criterios sobre las responsabilidades estatales frente al comercio y tráfico de armas.
De acuerdo con la Corte, los países tienen un deber de debida diligencia para prevenir que las armas lleguen al mercado ilegal y alimenten la violencia. Esto incluye cuatro acciones principales:
Adoptar normas internas para regular la fabricación y comercio de armas.
Supervisar y fiscalizar las actividades de empresas del sector armamentista.
Garantizar recursos judiciales efectivos para víctimas de violaciones a derechos humanos vinculadas con el tráfico de armas.
Fortalecer la cooperación internacional para combatir este fenómeno.
El organismo también subrayó que los gobiernos deben implementar mecanismos para marcar, registrar y rastrear las armas de fuego, así como mantener información sobre su fabricación, transferencia y decomiso. Asimismo, recomendó realizar evaluaciones de riesgo antes de autorizar exportaciones o importaciones de armamento, con el objetivo de evitar que estas operaciones faciliten la violencia o violaciones graves a los derechos humanos.
La opinión se da en un contexto en el que el tráfico ilícito de armas ha sido señalado como uno de los factores que alimenta la criminalidad en América Latina. En el caso de México, el gobierno ha advertido que alrededor de 200 mil armas provenientes de Estados Unidos ingresan ilegalmente cada año al país, muchas de las cuales terminan siendo utilizadas en delitos.
La Corte destacó que el control efectivo del comercio de armas y la supervisión de las empresas del sector son elementos clave para proteger derechos fundamentales como la vida y la integridad personal en la región.
Fuente: La Jornada
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