Seguridad

FGR rechaza que Ernesto Ruffo sea víctima de persecución política; asegura que proceso se basa en pruebas

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sea objeto de una persecución política y afirmó que el proceso penal en su contra deriva de una investigación sustentada en pruebas y desarrollada con estricto apego a la ley. En un...

julio 28, 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, sea objeto de una persecución política y afirmó que el proceso penal en su contra deriva de una investigación sustentada en pruebas y desarrollada con estricto apego a la ley.

En un comunicado, la institución sostuvo que la vinculación a proceso del exmandatario panista responde a su presunta participación en una red de huachicol fiscal y no a sus ideas, militancia o trayectoria política. La FGR enfatizó que fueron las investigaciones las que llevaron a identificar a las personas involucradas, por lo que descartó cualquier motivación política detrás de las acusaciones.

La dependencia recordó que la imputación formal contra Ruffo corresponde, por ahora, al presunto daño a la Hacienda Pública por 166 millones de pesos, relacionado con el aseguramiento de 170 ferrotanques que transportaban alrededor de 18 millones de litros de hidrocarburos en julio de 2025. No obstante, adelantó que durante el desarrollo del proceso buscará acreditar que el perjuicio al erario supera los 4 mil millones de pesos, como parte de las investigaciones sobre una red de contrabando de combustibles.

Asimismo, la Fiscalía aseguró que todas las actuaciones se han realizado respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas.

El posicionamiento de la FGR surge después de que familiares y allegados del exgobernador denunciaran públicamente que Ruffo enfrenta una presunta persecución política tras su detención y vinculación a proceso por delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando y operaciones vinculadas al tráfico ilícito de hidrocarburos.

La investigación forma parte de un caso más amplio sobre una presunta red de huachicol fiscal que, según la Fiscalía, habría introducido de manera ilegal cientos de millones de litros de combustible al país mediante operaciones fraudulentas en aduanas y empresas del sector energético, ocasionando un multimillonario daño a las finanzas públicas.

Fente: Polemón

 
 

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