El gobierno federal asestó un golpe significativo a las redes de huachicol fiscal en México, al desarticular operaciones ilícitas que en conjunto representan un impacto económico estimado en 301 mil millones de pesos, según investigaciones oficiales.
De acuerdo con el reporte, las acciones derivan de indagatorias encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que permitió detectar y frenar múltiples esquemas de contrabando de combustibles.
Las investigaciones revelaron que estas organizaciones operaban mediante la falsificación de documentos aduanales para introducir combustibles al país sin pagar impuestos, simulando que se trataba de otros productos con menor carga fiscal.
Uno de los casos clave se identificó en el puerto de Tampico, donde un buque transportaba combustible ilegal declarado como aditivos, lo que permitía evadir gravámenes.
Además, las autoridades detectaron la infiltración de funcionarios y estructuras logísticas que facilitaban el traslado del combustible hacia centros de almacenamiento y estaciones de servicio.
Hasta el momento, 14 personas han sido vinculadas a proceso, entre ellas:
Todos enfrentan cargos por delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
Como parte del operativo, se logró inhibir al menos 35 intentos de contrabando en distintos puntos estratégicos del país, incluyendo:
Estas acciones derivaron en nuevas líneas de investigación para desmantelar por completo la red.
El huachicol fiscal —que consiste en introducir combustibles con documentación falsa para evadir impuestos— se ha convertido en una de las principales fuentes de pérdidas para el Estado mexicano, al involucrar redes criminales, empresas fachada y corrupción institucional.
Fuente: La Jornada
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