El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob), rechazó categóricamente el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, calificándolo de “tendencioso” y “sesgado”. El documento del organismo internacional alertaba que el alto número de desapariciones en el país podría constituir crímenes de lesa humanidad, una postura que la administración federal considera ajena a la realidad nacional.
La Cancillería argumentó que el Comité ignoró los avances institucionales y las actualizaciones presentadas por el Estado mexicano. Según el gobierno, el informe carece de rigor jurídico al basarse en premisas ligeras y omitir esfuerzos recientes como la creación de la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses. Además, señaló posibles conflictos de interés en integrantes del Comité que han colaborado con organizaciones críticas al Estado.
México enfatizó que, aunque el informe alude principalmente a hechos ocurridos entre 2009 y 2017, la situación actual es distinta, pues no existe una política federal de ataques sistemáticos contra civiles. Pese al rechazo, el Gobierno reiteró su apertura a la cooperación técnica internacional, siempre que reconozca las reformas emprendidas en coordinación con los colectivos de familiares.
Fuente: El Universal
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