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El gobierno de México, a través del IMSS Bienestar (antes INSABI) y la Fiscalía General de la República (FGR), demanda a la firma británica Viva Enterprises Limited el pago de 41.1 millones de dólares (más intereses) por un contrato que no cumplió. Según explicó la Raquel Buenrostro, secretaria de...
octubre 24, 2025
El gobierno de México, a través del IMSS Bienestar (antes INSABI) y la Fiscalía General de la República (FGR), demanda a la firma británica Viva Enterprises Limited el pago de 41.1 millones de dólares (más intereses) por un contrato que no cumplió.
Según explicó la Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, el caso se refiere al contrato mediante el cual México adquirió mil ventiladores modelo AEON VG70 de la empresa británica durante la pandemia de COVID-19, de los cuales 650 no fueron entregados.
El pago por los equipos se realizó íntegramente por adelantado —mil 416 millones de pesos—, con la condición de entrega en menos de una semana. La empresa devolvió el equivalente a 300 ventiladores y entregó apenas 50, por lo que aún faltan 650 unidades.
El caso se tramita en tribunales mercantiles de Londres, pues el contrato estaba bajo jurisdicción inglesa. Una audiencia previa está programada para diciembre de 2025, y el juicio comenzaría en la segunda quincena de enero de 2026 con duración estimada de 14 días. Buenrostro manifestó optimismo sobre el resultado, apuntando que «es muy probable que ganemos el juicio, porque la materialidad del engaño se da en la no entrega».
Además de este proceso, el gobierno mexicano exigirá también a la empresa Philips, por su parte implicada en la entrega de ventiladores defectuosos durante la emergencia sanitaria. Según Buenrostro, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) investiga a Philips porque algunos de esos equipos siguen comercializándose en plataformas pese a que la Food and Drug Administration de los EE.UU. emitió una alerta respecto a modelos que quedaron prohibidos tras la emergencia.
La secretaria subrayó que «no se desvió recurso alguno», sino que lo que ocurrió fue un incumplimiento contractual y un engaño por parte del vendedor.
Fuente: La Jornada
