El gobierno, a través de Conagua, promueve una reforma para instituir la Ley General de Aguas, que reemplazaría el régimen vigente de concesiones y busca poner fin al llamado “mercado negro” del agua.
Según Conagua, con la nueva ley se mantendrán los títulos de concesión existentes —estos podrán heredarse o venderse— pero con un sistema de regulación más estricto, transparente y con controles que prevengan abusos.
La reforma contempla sanciones severas —incluyendo multas elevadas y penas de prisión de hasta cinco años— para quienes trafiquen agua de manera ilegal o abusen del sistema, sobre todo aquellos que han acumulado múltiples concesiones sin dedicarse al uso agrícola.
El director de Conagua, Efraín Morales López, asegura que la ley no busca castigar al campesino común, sino erradicar los privilegios de quienes lucran con el agua. Según sus datos, hay más de 50 mil concesiones irregulares que permiten que balnearios, campos de golf, parques industriales o zonas abastecedoras de pipas obtengan agua concedida para uso agrícola, generando desequilibrios.
Con esta reforma se busca asegurar que el acceso al agua sea un derecho humano, con un sistema de concesiones ordenado, equitativo y con plena trazabilidad, para garantizar suministro suficiente a comunidades, pequeños y medianos productores, así como para uso doméstico.
Fuente: La Jornada
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