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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para terminar con las pensiones consideradas “exorbitantes” que reciben algunos exfuncionarios públicos y altos mandos de confianza en diversas dependencias y empresas del Estado mexicano. La propuesta, que modifica el artículo...
febrero 19, 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que enviará al Senado de la República una iniciativa de reforma constitucional para terminar con las pensiones consideradas “exorbitantes” que reciben algunos exfuncionarios públicos y altos mandos de confianza en diversas dependencias y empresas del Estado mexicano.
La propuesta, que modifica el artículo 127 de la Constitución Política, busca establecer un límite máximo a las pensiones de personas que ocuparon cargos de confianza, de manera que ninguna jubilación pueda exceder el 50 % del salario que percibe la persona titular del Ejecutivo federal, lo que actualmente equivale a aproximadamente 70 000 pesos mensuales.
El objetivo principal de la reforma es eliminar lo que el gobierno federal califica como privilegios injustificados en el sistema de pensiones, especialmente cuando algunos beneficiarios reciben montos que van desde 100 000 hasta 1 millón de pesos mensuales pese a haber trabajado pocos años.
Sheinbaum explicó que con la entrada en vigor de esta reforma se podrían ahorrar hasta 5 000 millones de pesos anuales, recursos que serían dirigidos a programas sociales y de bienestar para atender necesidades prioritarias de la población.
Por ejemplo, en la extinta LFC se identificó a personas jubiladas que reciben más de 12 millones de pesos anuales, mientras que en instituciones como Pemex y CFE hay miles de pensionados cuyos ingresos superan incluso el salario de la mandataria.
La iniciativa no será retroactiva, por lo que no afectará a las pensiones ya recibidas hasta antes de su eventual aprobación.
No se aplicará a trabajadores con contrato colectivo ni a pensiones previstas en las condiciones generales de trabajo, por lo que quedan excluidos los derechos laborales adquiridos legalmente.
La medida está alineada con la política de “austeridad republicana”, según explicó la consejera jurídica de la Presidencia, Estela Damián Peralta.
La iniciativa será discutida primero en el Senado de la República y, de ser aprobada, deberá continuar su trámite legislativo para integrarse a la Constitución.
Fuente: LaJornada
