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El descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca, y que dejó al menos 13 personas fallecidas y decenas de heridos, abrió no solo una investigación técnica sobre las causas del accidente, sino también...
diciembre 30, 2025
El descarrilamiento del Tren Interoceánico en la Línea Z del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el pasado 28 de diciembre en Nizanda, Oaxaca, y que dejó al menos 13 personas fallecidas y decenas de heridos, abrió no solo una investigación técnica sobre las causas del accidente, sino también un nuevo foco de atención sobre los vínculos empresariales relacionados con la obra ferroviaria.
Tras el siniestro, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación para determinar responsabilidades, mientras se realizan peritajes en la infraestructura y se analizan los sistemas de operación del convoy. Las autoridades federales han señalado que no se descarta ninguna línea de investigación, incluyendo posibles fallas estructurales o deficiencias en la supervisión de los trabajos.
En este contexto, han resurgido cuestionamientos sobre la participación de empresas contratistas vinculadas a un empresario originario de Hidalgo y relacionado con el exgobernador Omar Fayad, cuya firma fue previamente inhabilitada en esa entidad por irregularidades en la asignación de contratos públicos. De acuerdo con información periodística, una de las compañías de Javier Aguilera Peña habría participado en obras del tramo donde ocurrió el descarrilamiento, lo que ha generado críticas sobre los mecanismos de control y transparencia en el proyecto.
Diversos reportes señalan que el empresario ha sido relacionado con presuntos abusos laborales, adeudos y prácticas irregulares en contrataciones, pese a lo cual su red empresarial continuó recibiendo contratos en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos estratégicos del gobierno federal.
Ante los señalamientos, autoridades federales han reiterado que será la investigación oficial la que determine si existe alguna relación entre las empresas contratistas, la calidad de las obras y el accidente. La Secretaría de Marina, encargada de la operación del tren, afirmó que las vías habían sido revisadas previamente y que no se detectaron anomalías, aunque estas declaraciones también forman parte del análisis en curso.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que se garantizará la atención a las víctimas y sus familias, así como la reparación del daño, al tiempo que se llegará hasta las últimas consecuencias para esclarecer lo ocurrido.
El accidente y los vínculos empresariales revelados han intensificado el debate público sobre la rendición de cuentas y la transparencia en proyectos de infraestructura de gran escala, considerados clave para el desarrollo económico del sur del país.
Fuente: La Silla Rota
