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La televisora TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una disposición de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obliga a los concesionarios a diferenciar claramente entre contenidos informativos y opiniones. El caso ya fue...
junio 18, 2026
La televisora TV Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una disposición de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que obliga a los concesionarios a diferenciar claramente entre contenidos informativos y opiniones. El caso ya fue admitido por el máximo tribunal y será analizado por el ministro Irving Espinosa Betanzo.
La empresa argumenta que el artículo 250, fracción V, de la legislación vulnera las libertades de expresión e información al imponer condiciones sobre la manera en que los medios presentan sus contenidos. Según su postura, la obligación de distinguir entre información noticiosa y opinión representa una afectación a su libertad editorial y programática.
La norma cuestionada fue incorporada a la ley promulgada en julio de 2025 durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre otros aspectos, establece que las audiencias deben contar con elementos que les permitan identificar cuándo se trata de hechos noticiosos y cuándo de opiniones o comentarios.
El litigio comenzó en agosto de 2025, cuando TV Azteca promovió un amparo contra la disposición. Aunque inicialmente la demanda fue desechada, posteriormente un tribunal ordenó admitirla. Más tarde, un juzgado sobreseyó el asunto, decisión que fue impugnada por la televisora mediante un recurso de revisión, lo que finalmente llevó el caso hasta la Suprema Corte.
El tema surge en medio de la confrontación pública entre el gobierno federal y la televisora. En semanas recientes, Sheinbaum rechazó acusaciones de censura por sus críticas a TV Azteca y sostuvo que sus declaraciones forman parte de la libertad de expresión. La mandataria también ha acusado a la empresa de difundir información falsa contra su administración.
La resolución que adopte la SCJN podría sentar un precedente relevante sobre los alcances de los derechos de las audiencias, la libertad editorial de los medios de comunicación y la regulación de los contenidos informativos en radio y televisión.
Fuente: Polemón
