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Las autoridades federales y del estado de Nayarit anunciaron la recuperación de 960 hectáreas de terrenos costeros, ubicados en la denominada Riviera Nayarita, que formaban parte de un mercado inmobiliario irregular valorado en aproximadamente 50 000 millones de pesos (unos 2 700 millones de dólares). El operativo, denominado “Megaoperativo...
noviembre 12, 2025
Las autoridades federales y del estado de Nayarit anunciaron la recuperación de 960 hectáreas de terrenos costeros, ubicados en la denominada Riviera Nayarita, que formaban parte de un mercado inmobiliario irregular valorado en aproximadamente 50 000 millones de pesos (unos 2 700 millones de dólares).
El operativo, denominado “Megaoperativo Nuevo Nayarit”, comenzó a principios de 2022 y tiene como objetivo desmantelar un entramado de corrupción que involucra a servidores públicos, exgobernadores, particulares y empresas.
Según las autoridades, el proceso involucra a los exgobernadores Ney González Sánchez (2005-2011) y Roberto Sandoval Castañeda (2011-2017), quienes presuntamente facilitaron la entrega de terrenos pertenecientes al fideicomiso público Fideicomiso de Bahía de Banderas (FIBBA) a precios simbólicos, algunos incluso de “50 pesos el metro cuadrado frente al mar”.
El esquema detectado incluye más de 530 lotes inmobiliarios y representa aproximadamente el 92 % de los terrenos susceptibles de recuperación. Las autoridades informaron que ya se han bloqueado más de 350 cuentas con valores superiores a 7 200 millones de pesos, se han realizado cateos e inspecciones en notarías vinculadas al fraude.
El Gobierno del estado estableció dos nuevos fondos: el Fondo Soberano Nuevo Nayarit y el Fondo de Ahorro para el Retiro Digno de los Trabajadores de Nayarit (FAN), a fin de blindar estos predios recuperados e incorporarlos al desarrollo económico estatal, con una política que destinará el 51 % de las utilidades a infraestructura social y 49 % al ahorro para pensiones.
Este caso se perfila como uno de los más complejos en la reciente historia de México en materia de corrupción urbanística e inmobiliaria, al implicar tanto al ámbito estatal como al federal, y al evidenciar la captura de bienes públicos para fines privados en zonas de alto valor turístico.
Fuente: El País
