Copyright © Brand 2021
Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, denunció una “campaña de desinformación” en contra de la reciente reforma a la Ley de Amparo, promovida por grupos vinculados con deudores fiscales, abogados y ciertos jueces que serían opositores al cambio. En la conferencia matutina, Zaldívar sostuvo...
octubre 17, 2025
Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, denunció una “campaña de desinformación” en contra de la reciente reforma a la Ley de Amparo, promovida por grupos vinculados con deudores fiscales, abogados y ciertos jueces que serían opositores al cambio.
En la conferencia matutina, Zaldívar sostuvo que algunos críticos han afirmado que la nueva ley aplica de forma retroactiva, algo que calificó como una mentira deliberada: “No hay retroactividad”, afirmó.
Apoyo presidencial y críticas
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respaldó la reforma y reprochó a quienes critican la norma sin conocerla o por intereses particulares. Según ella, algunos actores “mienten deliberadamente o de plano no han leído (la reforma)” y actúan bajo consignas.
Sheinbaum también defendió que el nuevo esquema no cercena derechos, sino que agiliza procesos y garantiza el acceso a la justicia. Aseguró que quienes cometen lavado de dinero, defraudación fiscal o incumplimientos alimentarios seguirán teniendo procesos de amparo, aunque sin suspensión provisional frente a resoluciones definitivas de la Suprema Corte.
Actores señalados y contexto
Zaldívar señaló que detrás de la campaña están empleados o abogados de deudores fiscales, “comentócratas” aliados al antiguo pacto entre PAN y PRI, e incluso jueces o magistrados que se han sentido impactados por la reforma.
Como ejemplo extremo, mencionó que uno de esos jueces habría otorgado suspensiones generales a empresas extranjeras en materia energética, lo que consideró una vulneración grave a la ley.
Además, Sheinbaum cuestionó la postura de la agencia calificadora Fitch Ratings, cuyo señalamiento de riesgos regulatorios por la reforma —según ella— estaría equivocado. Afirmó que la modificación al amparo no afecta la inversión, sino que mejora la eficiencia en la impartición de justicia.
Fuente: La Jornada
