La reforma constitucional para limitar las llamadas “pensiones doradas” de altos funcionarios públicos fue avalada por la mayoría de los congresos estatales del país, con lo que avanzó hacia su entrada en vigor.
De acuerdo con el proceso legislativo, la modificación —aprobada previamente por el Congreso de la Unión— recibió el respaldo de al menos 18 legislaturas locales, superando el requisito constitucional necesario.
Entre los estados que dieron su aval se encuentran Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Quintana Roo, entre otros, en su mayoría por unanimidad.
La reforma establece un tope a las pensiones de exfuncionarios y directivos del sector público, las cuales ya no podrán superar la mitad del salario de la persona titular del Ejecutivo federal.
Además, la medida aplicará tanto a pensiones futuras como a aquellas ya otorgadas, con el objetivo de reducir privilegios en organismos como empresas productivas del Estado, fideicomisos y banca de desarrollo.
El ajuste a las jubilaciones más elevadas será inmediato y se estima que genere un ahorro de alrededor de 5 mil millones de pesos anuales para el erario.
Como parte del proceso, el Congreso de la Unión y los congresos estatales tendrán un plazo de 90 días para armonizar sus marcos legales conforme a la nueva disposición constitucional.
No obstante, la reforma contempla excepciones, como el caso de las Fuerzas Armadas, cuyos esquemas de retiro no serán modificados.
Con este paso, el gobierno federal busca cerrar el paso a pensiones millonarias que durante años beneficiaron a altos mandos y exfuncionarios, en el marco de su política de austeridad y combate a privilegios.
Fuente: La Jornada
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