Vinculan a proceso a Ángel Aguirre por desaparición forzada en el caso Ayotzinapa

El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada de personas, relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.

La decisión fue tomada por un juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de una audiencia que se prolongó durante varias horas. El juzgador consideró que existen elementos suficientes para continuar la investigación contra el exmandatario.

Aguirre fue detenido el pasado 6 de agosto y posteriormente ingresado al penal del Altiplano. Durante la audiencia, su defensa presentó más de 30 pruebas para intentar desacreditar las acusaciones; sin embargo, el juez determinó que ninguna resultaba suficientemente contundente para desvirtuar los elementos aportados por la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, el señalamiento contra el exgobernador está relacionado con el presunto ocultamiento y destrucción de información y evidencias vinculadas con los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014. Entre los elementos considerados por la Fiscalía se encuentran testimonios sobre el manejo de videos de cámaras de seguridad que podrían haber registrado la detención de los estudiantes.

La defensa sostiene que Aguirre no tuvo participación en la desaparición de los normalistas y ha anunciado que apelará la decisión judicial. El exgobernador también ha mantenido en años anteriores que no participó en la construcción de la llamada “verdad histórica”.

La vinculación representa un nuevo capítulo en una investigación que, a casi 12 años de la desaparición de los estudiantes, continúa buscando determinar las responsabilidades de funcionarios y otros actores involucrados.

Ángel Aguirre gobernaba Guerrero cuando ocurrieron los ataques contra los normalistas en Iguala. Tras la crisis política derivada de la desaparición de los 43 estudiantes, presentó su renuncia al cargo el 23 de octubre de 2014.

Con la resolución de este miércoles, el proceso judicial continuará mientras la Fiscalía desarrolla la investigación complementaria para determinar si existen elementos suficientes para llevar el caso a una etapa posterior. Según información difundida tras la audiencia, se estableció un plazo de cuatro meses para concluir dicha investigación.

Fuente: La Jornada