Sheinbaum acusa campaña de calumnias tras amparos atribuidos a hijos de López Obrador

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó tajantemente las demandas de amparo que en días recientes aparecieron a nombre de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que se trata de una estrategia de desprestigio. La mandataria señaló que “se tiene que saber quién los puso” y advirtió que este tipo de actos buscan dañar políticamente tanto a Morena como a la familia del exmandatario.

Las demandas fueron registradas en juzgados de la Ciudad de México, Tabasco y Zacatecas a través de trámites digitales en los que figuran los nombres de Andrés Manuel, Gonzalo Alfonso y José Ramón López Beltrán, junto con personas presuntamente relacionadas con una red de contrabando de combustible. Sin embargo, estos documentos carecen de las firmas de los supuestos afectados, lo cual es permitido por la Ley de Amparo en ciertos casos para agilizar la protección del demandante, aunque posteriormente deben ratificarse. Andy López Beltrán ya negó públicamente haber solicitado amparo alguno.

En torno a estas denuncias, también surgieron aclaraciones relevantes: el abogado Juan Francisco Rodríguez Smith Mac Donald, cuyo nombre aparece en uno de los documentos, afirmó que su identidad fue utilizada sin autorización y denunció que alguien usó una copia de su credencial del INE para falsificar la promoción, por lo que ya presentó una denuncia por usurpación de identidad. Por su parte, dirigentes de Morena y otros abogados mencionados en el caso negaron haber presentado estos recursos legales.

Hasta el momento no existe ninguna orden de aprehensión ni acusación formal contra los hijos de López Obrador relacionada con estos hechos, pero el caso ocurre en medio de un debate nacional sobre la Ley de Amparo y las reformas que buscan hacer más rápidos estos procesos para evitar que se prolonguen por años. La postura de Sheinbaum refuerza la versión de que este episodio forma parte de una campaña de calumnias, lo que abre un nuevo frente en la discusión pública sobre la utilización de mecanismos legales y mediáticos como herramientas de confrontación política.

Fuente: El País